04/04/2019 | Ahora Malvinas | Opinión

La mirada ambiental del Nuevo Código Penal

Con el nuevo marco legal, las actividades de manejo de plagas deberán ampararse en la Ley Provincial para no ser consideradas delito.

 

Por Alicia Cavallo, ingeniera agrónoma.

 

Es conocida la sensibilidad que existe en la sociedad con respecto a los delitos ambientales, tan válidos como susceptibles a ser interpretados y comprobados. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Senado abarca contaminación y daño ambiental, maltrato y crueldad tanto a animales domésticos como silvestres y delitos contra el patrimonio genético y la biodiversidad.

Tal como está presentado, el proyecto tipifica como delitos a una serie de acciones que pueden tener una doble lectura según el conocimiento y los intereses del que efectúa la demanda y el criterio y la formación del funcionario judicial actuante.

Otro tema delicado es el que hace referencia a la utilización de productos fitosanitarios para el manejo de las plagas, malezas o enfermedades que pueden afectar la calidad o rendimiento en la producción agropecuaria. Al respecto, en nuestra provincia existe un marco regulatorio muy estricto respecto a la utilización de estos productos. Se trata de la Ley Provincial de Productos Químicos y Biológicos de uso agropecuario (9164/04). Esta ley responsabiliza a tres actores principales en el proceso de manejo y aplicación de los productos, que son el usuario responsable, el aplicador y el profesional Ingeniero Agrónomo, que son solidarios acerca del cumplimiento de las condiciones en que se realizan las aplicaciones. Esta operación debe hacerse siguiendo lo que indican las Buenas Prácticas Agropecuarias, establecidos en la Ley, es decir, realizarlos con la maquinaria adecuada, con su operador capacitado y utilizando el producto en las condiciones que indique la receta fitosanitaria confeccionada por el Ingeniero Agrónomo Asesor Fitosanitario.

Estas condiciones, garantizan que los productos utilizados sean los que previamente aprobó el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ) luego de un largo proceso que incluye pruebas toxicológicas y ambientales y que han sido indicados formando parte de un conjunto de medidas que garanticen que su dosis será la mínima posible y su aplicación será sumamente cuidada. Sin embargo, existe una fuerte tendencia a pensar que estos sistemas son peligrosos para la salud de las personas y de los animales, tanto en el momento de los tratamientos como por los eventuales residuos que puedan quedar en los productos. En general, se teme mucho a los productos usados en los cultivos, donde la imprudencia, impericia o negligencia pudo haber causado algunos problemas, aunque las aplicaciones realizadas al amparo de la Ley garantizan suficiente seguridad.

Debe tenerse en cuenta, además, que en el proceso productivo agrícola pueden generarse Residuos Peligrosos, también contemplados en una ley provincial, que en lo relacionado a los agroquímicos serían los productos vencidos, los envases vacíos que no estuvieran debidamente lavados, los envases deteriorados o con restos de productos y los materiales que pudieran haberse contaminado con algún agroquímico, ya sean semillas, alimentos para animales, bolsas o cualquier otro material. Pero lo que no puede ser considerado un residuo peligroso es el producto diluido en agua que sale del pico de la pulverizadora para llegar al suelo o a la planta donde debe ejercer su acción.

Es necesario, entonces, ajustarse totalmente al marco legal provincial cuando se trate de realizar actividades tendientes al manejo agronómico de las plagas y ampararse estrictamente en él, ya que las interpretaciones erróneas pueden llevar a los actores a ser castigados con prisión, multa o inhabilitaciones.

En cuanto a lo relacionado con la liberación de materiales con modificación genética, que pueden provocar daño al ambiente, existe un triple control oficial respecto a su autorización para venta en el país, que abarcan los aspectos relacionados a seguridad y comercialización. Por lo cual, no debería ocurrir ningún problema en este sentido.

Entre los otros delitos descriptos encontramos el de incendio forestal, que está tipificado en la legislación provincial y el de modificación de humedales, infringiendo las leyes nacionales o provinciales, con peligro para el ambiente.

Los delitos contra la fauna silvestre u otros animales, donde se tipifica la conducta de la caza o pesca de especies en período de veda, de especies protegidas o en peligro de extinción, migratorias o en lugares prohibidos no autorizados o con medios prohibidos y, por supuesto, el maltrato y la crueldad contra los animales domésticos, se encuentran incluidos en el proyecto. La norma también propone penas acerca de la destrucción de bosques nativos y protegidos lo cual está agravado por el estado de las plantas o las condiciones agroecológicas en que se encuentren.

Será necesario entonces bregar porque los conceptos que queden firmes con esta norma sean lo suficientemente claros y exentos de preconceptos. Los funcionarios dedicados a administrar justicia respecto a esta nueva norma, una vez que se sancione, deberán asegurarse de contar con adecuado conocimiento acerca de los procesos que involucran producción de alimentos para asegurarse de que en las decisiones prevalezca el conocimiento sobre todas las cosas.

 

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